Nueva regla de vivienda en EE.UU. pone en riesgo de desalojo a miles de familias migrantes
La medida, que entra en vigor el 14 de diciembre, podría desplazar a unas 80,000 personas, entre ellas decenas de miles de ciudadanos estadounidenses de familias de estatus mixto.
(Telemundo Atlanta) - Los residentes de viviendas públicas financiadas con fondos federales deberán presentar pruebas de ciudadanía estadounidense o de un estatus migratorio elegible para conservar su hogar.
Así lo establece una nueva normativa publicada este jueves por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD), que comenzará a aplicarse el próximo 14 de diciembre.
Según estimaciones del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas (CBPP), un instituto de investigación no partidista, la medida podría desplazar a cerca de 80,000 personas. Entre ellas habría decenas de miles de ciudadanos estadounidenses que pertenecen a familias de estatus migratorio mixto.
El dilema de las familias de estatus mixto
Desde 1995, la normativa permitía que las familias de estatus mixto vivieran juntas en viviendas del HUD, siempre que los subsidios cubrieran únicamente a los miembros elegibles. Con la nueva disposición, estos hogares tendrán que elegir entre abandonar la vivienda pública para mantenerse unidos o separarse.
De acuerdo con el CBPP, la regla afectará a unas 20,000 familias de estatus mixto, que incluyen a alrededor de 37,000 menores, en su mayoría ciudadanos estadounidenses.
Las críticas de los defensores de vivienda
Marie Claire Tran-Leung, directora del Proyecto de Iniciativa de Desalojos y abogada gerente del Proyecto Nacional de Ley de Vivienda, fue tajante: “Esto está destrozando familias y sembrando división”. Según explicó, el sistema anterior funcionaba bien para todas las partes, pues estos hogares pagaban una mayor proporción del alquiler al recibir subsidios prorrateados.
Tran-Leung advirtió además que su salida podría generar déficits financieros para el propio HUD.
La postura del Gobierno
El secretario del HUD, Scott Turner, defendió la medida y aseguró que cumple con las promesas de campaña del presidente Donald Trump de frenar el acceso de personas indocumentadas a la asistencia pública.
En un comunicado, Turner sostuvo que es inaceptable que veteranos sin hogar, personas con discapacidad, ancianos y víctimas de violencia doméstica esperen en listas mientras inmigrantes ilegales e inelegibles se aprovechan del sistema. “Los contribuyentes estadounidenses ya no pagarán la cuenta”, afirmó.
El funcionario añadió que una auditoría reciente detectó a casi 200,000 inquilinos con elegibilidad incompleta o sin verificar. Según indicó, el sistema solo atiende hoy a una cuarta parte de los hogares elegibles que necesitan apoyo.
Impacto en los estados y antecedentes
Aunque la regla se aplicará en los 50 estados, el mayor efecto se concentrará en Nueva York, California y Texas. Una coalición de 22 fiscales generales estatales que se opuso a la medida calcula que afectará a más de 7,000 hogares de estatus mixto en California y a 2,500 en Nueva York.
En una carta enviada en abril, los fiscales advirtieron que la disposición “infligirá costos económicos significativos a los estados y exacerbará la crisis de vivienda asequible”.
El HUD ya había intentado modificar esta norma en 2019, durante la primera administración de Trump, pero retiró la propuesta en 2021. En febrero de 2026 la agencia volvió a presentarla y recibió más de 11,000 comentarios de ciudadanos, organizaciones civiles y miembros del Congreso durante tres meses de consulta pública.
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