Deportaciones de Trump: el informe que revela millones de dólares desperdiciados por ICE

(Telemundo Atlanta) - Un contundente informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) reveló que la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha desperdiciado decenas de millones de dólares en planes acelerados y mal concebidos.

Las fallas administrativas amenazan con generar más ineficiencias mientras avanza la agenda de deportaciones de Trump.

Los investigadores del Congreso documentaron graves fallas en varias iniciativas impulsadas desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025 y ordenó el arresto y la expulsión masiva de personas que se encuentran de forma indocumentada en el país.

A pesar de que el Congreso le otorgó a la agencia una cifra récord de 45,000 millones de dólares el año pasado a través de la ley One Big Beautiful Bill, el informe advierte que la entidad carece de un plan estratégico integral para administrar semejante presupuesto.

Como resultado, la población bajo custodia pasó de 39,000 personas en enero de 2025 a 67,000 al 30 de julio.

Planes cancelados en Guantánamo y compras fallidas de almacenes

Entre los gastos más cuestionados figura la instalación de tiendas de campaña en la base militar de la bahía de Guantánamo, Cuba. El Departamento de Defensa gastó 2.85 millones de dólares para habilitar espacio para 5,000 personas; sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) determinó que las instalaciones no cumplían con los estándares requeridos y fueron retiradas sin albergar a un solo detenido. La iniciativa fue calificada como “inviable” por sus altos costos, aunque este año se mantuvo allí un promedio diario de solo 16 detenidos con un costo multimillonario.

Asimismo, la agencia desembolsó 1,070 millones de dólares para comprar 11 grandes almacenes en el país con el fin de convertirlos en centros de detención, una idea respaldada en su momento por la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem.

El proyecto se canceló por la oposición pública y la falta de planificación previa. Como consecuencia, las autoridades intentan vender siete de estas propiedades para recuperar 707 millones de dólares, perdiendo de forma irrecuperable 20 millones de dólares en seguros, seguridad, trámites de zonificación y servicios públicos. En las cuatro propiedades restantes, se han frenado inversiones de 426 millones de dólares en Arizona y Maryland debido a litigios legales.

Tarifas infladas y compras millonarias en el sistema de detención de inmigrantes

La investigación de la GAO también expuso pagos excesivos en centros privados y estatales. En Florida, el controvertido centro conocido como Alligator Alcatraz operó durante un año sin un contrato formal firmado hasta su cierre en junio, tras constantes denuncias por condiciones deficientes y abusivas.

Para financiarlo, el DHS utilizó subvenciones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) por 608 millones de dólares, pagando 249 dólares diarios por detenido, un 171% más que la tarifa habitual de 92 dólares. Esta misma tarifa sobrecargada se sigue pagando en las instalaciones de Sanderson, Florida.

A esto se suma la adquisición directa de dos centros privados por 1,500 millones de dólares realizada en julio, una compra ejecutada sin evaluar la viabilidad financiera de ser propietarios a largo plazo, además de costosos acuerdos con la Oficina Federal de Prisiones en ocho instalaciones donde se pagan 182 dólares diarios por persona.

La GAO advirtió que la falta de supervisión y gestión de proyectos continuará provocando pérdidas millonarias si no se toman medidas inmediatas. Aunque el DHS se comprometió a presentar un plan estratégico de expansión para el 31 de agosto de 2027, los investigadores temen que para esa fecha sea demasiado tarde para frenar el derroche.

Para la comunidad hispana en todo Estados Unidos, la intensificación de los operativos viene acompañada de un enorme costo para los contribuyentes. Ante este panorama de detenciones en aumento y cambios rápidos en los centros de custodia, las organizaciones de derechos civiles recomiendan a las familias inmigrantes mantenerse informadas, conocer sus derechos constitucionales al momento de un arresto y tener a la mano contactos de asistencia legal verificada en su localidad.