¿Puede Trump deportar a cualquier país? Lo que dice la ley de inmigración actual

(Telemundo Atlanta) - La política migratoria del presidente Donald Trump ha abierto un nuevo y polémico capítulo: la deportación de inmigrantes a países que no son los suyos de origen.

Esta práctica, conocida como deportación a terceros países, ha generado alarma entre miles de familias hispanas en Georgia y en el resto del país, especialmente entre quienes tienen casos de asilo pendientes o una orden final de remoción.

¿Qué es una deportación a tercer país?

Una deportación a un tercer país ocurre cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) o el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) envía a un extranjero a una nación distinta a la suya, sin que exista necesariamente un vínculo previo con ese destino.

Estados Unidos ha enviado personas a países como Esuatini, Ruanda, Guatemala y hasta la República Democrática del Congo, donde recientemente llegaron 15 ciudadanos latinoamericanos como parte de un acuerdo de “acogida temporal” con ese gobierno africano.

La autoridad legal para esta práctica se encuentra en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), específicamente en la sección 1231, que permite a ICE remover a una persona a un país alternativo cuando no es posible deportarla a su nación de origen. A esto se suma el artículo 8 U.S.C. 1158, que permite negar el asilo si el solicitante puede ser enviado a un tercer país considerado seguro.

Este mecanismo cobra especial relevancia para inmigrantes de países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, cuyos gobiernos históricamente se han negado a recibir de vuelta a sus connacionales deportados, dejando a ICE en la búsqueda de naciones dispuestas a aceptarlos.

Batalla legal y protecciones para los inmigrantes

La política no ha estado libre de controversia judicial. En febrero, el juez federal Brian Murphy, con sede en Boston, había frenado esta práctica al considerar que el gobierno no puede expulsar a una persona “sin previo aviso” a un país donde podría enfrentar persecución o tortura.

Sin embargo, en marzo, un tribunal de apelaciones revirtió esa decisión y autorizó al gobierno de Trump a reanudar las expulsiones a terceros países en todo el territorio nacional, mientras el caso continúa su camino hacia instancias superiores.

A pesar de esto, los inmigrantes conservan ciertas protecciones. Según explican abogados de inmigración, toda persona tiene derecho a solicitar asilo, la suspensión de remoción o protección bajo la Convención Contra la Tortura antes de ser enviada a un tercer país.

El principio internacional de “non-refoulement” prohíbe, en teoría, devolver a alguien a un territorio donde su vida corra peligro, aunque expertos legales advierten que estas garantías se debilitan cuando los procesos se aceleran o cuando el detenido no cuenta con representación legal.

Lo que deben saber las familias latinas

Los especialistas recomiendan que cualquier persona con una orden de deportación pendiente revise con su abogado si la notificación menciona un “tercer país seguro” y confirme el estatus vigente de estas políticas, que pueden cambiar sin previo aviso. El Departamento de Justicia mantiene un listado de organizaciones legales gratuitas o de bajo costo para quienes no puedan costear un abogado privado.

Con cerca de 2 millones de casos de asilo aún pendientes en las cortes de inmigración del país, la incertidumbre sobre el destino final de miles de solicitantes sigue creciendo. Para la comunidad hispana, mantenerse informada y buscar asesoría legal oportuna se ha vuelto más urgente que nunca ante un panorama migratorio que continúa endureciéndose.