Corte Suprema anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el viernes los amplios aranceles globales del presidente Donald Trump, asestándole una importante derrota en un tema crucial de su agenda económica.

La decisión, tomada con 6 votos a favor y 3 en contra, se centra en los aranceles impuestos en virtud de una ley de poderes de emergencia, incluidos los amplios gravámenes “recíprocos” que impuso a casi todos los países.

Es la primera gran pieza de la amplia agenda de Trump que llega de lleno ante el máximo tribunal del país, al que él contribuyó a moldear con el nombramiento de tres juristas conservadores durante su primer mandato.

La mayoría de los jueces concluyó que la Constitución otorga “muy claramente” al Congreso la facultad de imponer gravámenes, lo que incluye los aranceles. “Los redactores de la Constitución no depositaron ninguna parte del poder tributario en el Poder Ejecutivo”, escribió el presidente del máximo tribunal, John Roberts.

Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh discreparon.

“Los aranceles en cuestión aquí pueden o no ser una política acertada. Pero, como cuestión de texto, historia y precedente, son claramente legales”, escribió Kavanaugh.

Trump calificó a la decisión de la mayoría como “una desgracia” cuando fue notificado en su reunión matutina con varios gobernadores, según una persona con conocimiento directo de la reacción del mandatario y que declaró bajo condición de anonimato para hablar de una conversación privada.

Trump se reunía en privado con cerca de dos docenas de gobernadores de ambos partidos cuando se divulgó la decisión. Hasta el momento, la Casa Blanca no ha respondido a una solicitud de comentarios.

La mayoría no abordó si las empresas podrían obtener reembolsos por los miles de millones que, en conjunto, han pagado en aranceles. Muchas compañías, entre ellas Costco, la cadena de grandes almacenes, ya han acudido a tribunales inferiores para reclamar devoluciones, y Kavanaugh señaló que el proceso podría ser complicado.

“La Corte no dice nada hoy sobre si, y en tal caso cómo, el Gobierno debería proceder para devolver los miles de millones de dólares que ha recaudado de los importadores. Pero es probable que ese proceso sea un ‘desastre’, como se reconoció en los alegatos orales”, escribió.

Hasta diciembre, el Tesoro había recaudado más de 133,000 millones de dólares de los gravámenes a las importaciones que el presidente impuso en virtud e los poderes de emergencia, según datos federales.

La decisión sobre los aranceles no impide que Trump imponga gravámenes en virtud de otras leyes. Aunque esas normas imponen más limitaciones a la rapidez y severidad de las medidas del mandatario, altos funcionarios del gobierno han dicho que esperan mantener el marco arancelario vigente de conformidad con otras facultades.

El fallo del máximo tribunal llega pese a una serie de victorias a corto plazo en el expediente de emergencia de la Corte, que han permitido que Trump mantenga demostraciones extraordinarias de poder ejecutivo en asuntos que van desde despidos de alto perfil hasta importantes recortes de financiación federal.

El presidente republicano se ha pronunciado con fuerza sobre el caso, al calificarlo como uno de los más importantes en la historia de Estados Unidos y afirmar que un fallo en su contra sería un duro golpe económico para el país. Pero la oposición legal cruzó el espectro político al incluir a grupos libertarios y proempresariales que suelen estar alineados con el Partido Republicano. Según las encuestas, los aranceles no gozan de una amplia popularidad entre el público, en medio de una preocupación más general de los votantes por el costo de vida.

La Constitución otorga al Congreso la facultad de imponer aranceles. Pero el gobierno de Trump argumentó que una ley de 1977 que permite que el presidente regule las importaciones durante emergencias también le permite fijar aranceles. Otros presidentes han utilizado la ley decenas de veces, a menudo para imponer sanciones, pero Trump ha sido el primer presidente en invocarla para gravar las importaciones.

“Y el hecho de que ningún presidente haya encontrado nunca ese poder en la IEEPA es una evidencia sólida de que no existe”, escribió Roberts, usando el acrónimo en inglés de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

Trump estableció lo que denominó aranceles “recíprocos” para la mayoría de los países en abril de 2025 con el fin de abordar los déficits comerciales, a los que declaró una emergencia nacional. Esos aranceles llegaron tras imponer gravámenes a Canadá, China y México, supuestamente para abordar una emergencia por tráfico de drogas.

Como consecuencia, se produjo una serie de demandas, entre ellas, un caso presentado por una docena de estados mayoritariamente de tendencia demócrata, y otros interpuestos por pequeñas empresas que venden de todo, desde suministros de plomería hasta juguetes educativos y ropa de ciclismo para mujeres.

Los demandantes sostuvieron que en la ley de poderes de emergencia ni siquiera se mencionan los aranceles, y que el uso que Trump hace de ella no supera varias pruebas legales, incluida una denominada doctrina de cuestiones mayores, que frustró el programa de condonación de créditos estudiantiles por 500,000 millones de dólares del entonces presidente Joe Biden.

Los jueces conservadores de la mayoría señalaron ese principio en su fallo. “No hay excepción a la doctrina de cuestiones mayores por estatutos de emergencia”, escribió Roberts.

El gobierno de Trump ha argumentado que los aranceles son diferentes porque son una parte importante del enfoque del presidente hacia los asuntos exteriores, un área en la que los tribunales no deberían cuestionar al mandatario.

Pero Roberts, junto con los jueces Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, desestimaron el argumento y escribieron que las implicaciones de asuntos exteriores no modifican el principio legal.

El impacto económico de los aranceles de Trump se ha estimado en unos 3 billones de dólares durante la próxima década, según la Oficina Presupuestaria del Congreso.

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