Otros seis estados eliminan “comida chatarra” de los beneficios SNAP: consulte la lista
La reforma al programa SNAP busca promover hábitos saludables prohibiendo compra de comida chatarra con beneficios en más estados.
(Telemundo Atlanta) - Seis estados adicionales en Estados Unidos fueron aprobados para implementar nuevas restricciones en los beneficios SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) a partir de 2026, según informó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
Bajo la iniciativa Make America Healthy Again (MAHA), la secretaria de Agricultura, Brooke L. Rollins, junto con el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., anunciaron que Hawaii, Missouri, North Dakota, South Carolina, Virginia y Tennessee podrán redefinir el tipo de alimentos que los beneficiarios pueden adquirir con la ayuda federal.
Este movimiento amplía una tendencia nacional que ya ha aprobado exenciones similares en otros 12 estados, totalizando 18 estados que restringirán la compra de productos considerados poco saludables como refrescos, dulces y bebidas energéticas con beneficios SNAP.
Estos son los estados con restricciones SNAP hasta ahora:
- Arkansas
- Colorado
- Florida
- Hawaii
- Idaho
- Indiana
- Iowa
- Lousiana
- Missouri
- Nebraska
- Dakota del Norte
- Oklahoma
- Carolina del Sur
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Virginia
- Virginia Occidental
Cómo se implementarán las nuevas restricciones en Estados Unidos
Las modificaciones a los beneficios SNAP permitirán que cada estado determine qué productos específicos quedan fuera de la lista de compras elegibles con este apoyo asistencial. Según el USDA, estas exenciones cambiarán la definición federal de “alimento para compra” para excluir productos altos en azúcares añadidos y ultra procesados.
Por ejemplo, en algunos estados como Hawaii, la prohibición se centrará en refrescos, mientras que en Missouri la lista incluirá dulces, postres preparados y bebidas azucaradas específicas. Otros estados como Dakota del Norte, Carolina del Sur y Tennessee también limitarán la compra de bebidas azucaradas y alimentos procesados con beneficios SNAP.
El USDA ha explicado que esta estrategia busca restaurar el propósito original del SNAP, enfocado en nutrición y salud pública, y reducir la prevalencia de enfermedades crónicas ligadas a dietas altas en azúcares y alimentos ultraprocesados.
Reacciones y el debate en torno a la eliminación de comida no saludable
La expansión de estas restricciones ha generado un amplio debate. Por un lado, partidarios de la reforma argumentan que los fondos públicos deben fomentar hábitos de alimentación saludables y no subsidios para productos asociados con obesidad, diabetes y otros problemas de salud. Funcionarios del USDA señalan que estas medidas permitirán orientar mejor el propósito asistencial de los beneficios SNAP hacia alimentos nutritivos.
Sin embargo, críticos, incluidos grupos de defensa de los derechos de los beneficiarios, señalan posibles desafíos administrativos y el riesgo de estigmatizar a quienes dependen de estos beneficios para su seguridad alimentaria. Estos críticos sugieren que, en lugar de prohibiciones, sería más efectivo apoyar incentivos para la compra de frutas, verduras y otros alimentos saludables.
En años recientes, otros estados como Texas, Colorado y Florida ya estaban avanzando en restricciones similares, marcando un cambio significativo en cómo se aplica el programa SNAP en distintas regiones del país.
Una política con impacto en millones de familias
La ampliación de las restricciones en beneficios SNAP para excluir comida chatarra y bebidas azucaradas representa una de las reformas más notables al programa en la última década, impactando a millones de beneficiarios que dependen de esta asistencia para comprar alimentos básicos.
Aunque la medida busca beneficiar la salud pública, también abre un debate profundo sobre la mejor manera de equilibrar nutrición, libertad de elección y seguridad alimentaria en las comunidades latinas y de bajos ingresos.
Los cambios se implementarán progresivamente desde 2026 y se espera que su impacto continúe siendo evaluado tanto por autoridades como por organizaciones comunitarias.
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