Nuevas protestas contra la Ley del Primer Latido

ATLANTA.- Activistas y defensores de los derechos por el aborto están solicitando a un juez que impida que la nueva ley contra el aborto de Georgia entre en vigencia en enero de 2020.

La Unión Americana de Libertades Civiles de Georgia (ACLU), en nombre de SisterSong Women of Color Reproductive Justice y varios proveedores de servicios de aborto, presentaron una solicitud este martes, casi un mes después de presentar una demanda que cuestiona la constitucionalidad de la ley.

El proyecto HB481, prohíbe la mayoría de los abortos una vez que el médico puede detectar la actividad cardíaca fetal, esto ocurre generalmente a la sexta semana de gestación, tiempo en que muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas.

La ley también incluye lo que muchos partidarios llaman lenguaje de "persona", que extiende los derechos legales a los óvulos fertilizados.

"Primero, prohibir el aborto antes del punto de viabilidad es flagrantemente inconstitucional bajo las décadas del precedente de la Suprema Corte", dijo el director legal de ACLU, Sean J. Young, "En segundo lugar, la disposición que pretende redefinir la personalidad es tan vaga en su aplicación que es inconstitucional".

La ACLU está pidiendo a la corte un interdicto preliminar para impedir que la nueva ley entre en vigencia mientras la demanda presentada en junio se abre camino a través del sistema legal. El caso ha sido asignado al juez de distrito Steve C. Jones.

En los estados de Kentucky, Mississippi y Ohio han firmado proyectos de ley similares. Los jueces federales ya han emitido una orden judicial preliminar contra las leyes en los tres estados.

Propuestas similares promulgadas en los últimos años en Iowa y Dakota del Norte también han sido eliminadas en los tribunales.

"Es importante que la gente entienda que la ley no está vigente en Georgia, y esto es para garantizar que la ley no entre en vigencia", dijo la Directora Ejecutiva de ACLU de Georgia, Andrea Young.

"El proyecto de ley HB481 impone a los pacientes y miembros de los demandantes una visión única e inflexible de sus trayectorias reproductivas, obligándolos a definir sus vidas de acuerdo con las prerrogativas del estado, en lugar de las suyas", redactaron los abogados en la petición al tribunal.

La ACLU está demandando al gobernador Brian Kemp, al fiscal general del estado Chris Carr, a la comisionada del Departamento de Salud Pública Kathleen Toomey, a los miembros de la Junta Médica Compuesta de Georgia y su director ejecutivo, y a los seis fiscales de distrito responsables de procesar como delitos a los proveedores de servicios de aborto.