BARTOW.- Por seis años, agentes federales han estado tras la pista de Juan Antonio Pérez, un empresario hispano de la construcción que supuestamente se habría enriquecido usando a trabajadores indocumentados y evadiendo impuestos.

En una conferencia en el Condado de Bartow, donde Pérez tenía su residencia principal, el Fiscal Federal para el Distrito Norte de Georgia, B.J. Pak, detalló cómo Pérez era el cabecilla de una operación de explotación de trabajadores, fraude fiscal y lavado de dinero.

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La investigación se extiende por Georgia y varios estados más donde operaban las empresas de Pérez, Aztec Framing Contractors y Aztec Builders, y donde también tenía casas y hasta una mansión valorada en un millón de dólares.

Pérez fue arrestado el pasado 30 de abril, el mismo día que agentes federales en colaboración con los alguaciles de varios condados realizaron redadas en sus propiedades. En esos operativos se le decomisaron numerosos vehículos de lujo, nuevos y de colección, así como 14 pistolas y armas largas.

“Tuvo ayuda de otras personas que estaban legalmente en Estados Unidos y que obtuvieron propiedades y armas para su beneficio. Y por ello es que había podido evadir su detección”, explicó Pak.

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De acuerdo con la Oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Pérez también se encuentra en Estados Unidos de forma ilegal desde 1992. Para poder establecer y manejar sus empresas, le habría pagado a ciudadanos y residentes legales de Estados Unidos para que sirvieran como prestanombres.

“Casos como éste deben servir de ejemplo a quienquiera participar de una actividad criminal. La riqueza que reciban durará poco y te llegará tu hora”, expresó Nick Annan, representante de ICE para Georgia y las Carolinas.

La investigación a sus operaciones comenzó en 2013, cuando las autoridades recibieron una denuncia sobre que Pérez no estaba reteniendo los impuestos federales y las contribuciones al Seguro Social de sus empleados. También que tenía a cientos de trabajadores, presuntamente indocumentados también, fuera de la nómina que declaraba al Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS).

“La investigación continúa y estamos analizando presentar más cargos contra otras personas involucradas. Cuando tengamos suficiente evidencia la presentaron al Gran Jurado Federal para obtener una nueva formulación de cargos”, dijo Pak.