Documentos de un estratega republicano fallecido son ahora claves en litigios contra el gobierno de Donald Trump

El propósito de la pregunta sobre ciudadanía es redistribuir distritos electores, dicen demandantes

TELEMUNDO ATLANTA.- Los archivos de un destacado asesor del Partido Republicano fallecido hace menos de un año, ahora podrían ser claves en varias demandas contra el gobierno del presidente Donald Trump para no incluir una pregunta sobre ciudadanía en el Censo del 2020 que afectaría particularmente a los votantes hispanos.

La pregunta está en el centro de una gigantesca batalla legal integrada por tres litigios que libran los defensores de los inmigrantes que ahora podrían probar que el interés del gobierno de Trump en incluir la pregunta en el censo no es para hacer cumplir la Ley de Derechos Electorales como ha venido diciendo, sino para redistribuir los distritos electorales de manera que favorezca a los candidatos republicanos en las elecciones futuras y perseguir a los inmigrantes indocumentados.

De acuerdo con el Centro de Estudios PEW, cerca de 25 millones de inmigrantes que viven en los Estados Unidos no son ciudadanos. Y casi la mitad de los que no son ciudadanos son indocumentados. Los que se oponen a la cuestión de la ciudadanía temen que incluso los inmigrantes que están aquí legalmente puedan negarse a participar en el censo si viven con familiares o amigos indocumentados.

Hofeller es considerado el arquitecto del "gerrymandering"

En documentos presentados el jueves 30 de mayo tanto la Corte Federal de Nueva York como en la Corte Suprema de EE.UU., los abogados de la organización Common Cause y de la Coalición de Inmigración de Nueva York incluyeron copias de documentos y estudios elaborados por Thomas B. Hofeller, considerado el arquitecto de los que se conoce como "gerrymandering" u "ordenación territorial", es decir la delineación de mapas políticos para conformar los distritos electorales de acuerdo a las características de la población.

Hofeller murió en agosto de 2018 y su hija Stephanie, de quien estaba distanciado desde hace varios años, descubrió el material en cuatro discos duros externos y 18 unidades de memoria flash que su padre tenía almacenados.

Todo se remonta al 2015, cuando la agencia de noticias conservadora The Washington Free Beacon, contrató a Hofeller para que estudiar el impacto de volver a delinear los distritos electorales de acuerdo al estatus de ciudadanía de los habitantes en lugar de su número de habitantes como se venía haciendo.

Hofeller estudió el caso de Texas y descubrió que hacer ese cambio reduciría la representación de los hispanos, que tienden a votar por candidatos demócratas, y favorecería a los electores blancos no hispanos, que suelen apoyar a políticos republicanos. El experto se reunió con el equipo de transición de Trump e instó a incluir la pregunta sobre ciudadanía en el Censo de 2020.

Los archivos de Hofeller presentados ante las cortes incluyen una carta que habría dirigido al Departamento de Justicia sugiriendo que el gobierno tenía que argumentar que la inclusión de la pregunta era para proteger la Ley de Derechos Electorales.

Demandantes afirman que la pregunta disuadiría a hispanos de participar en el censo

Dos años después, en 2017, el Departamento de Justicia solicitó al Departamento de Comercio que incluyera la pregunta de ciudadanía en el censo usando ese argumento.

En respuesta a las revelaciones, el Departamento de Justicia dijo que las acusaciones son infundadas y equivalen a un último esfuerzo para descarrilar el caso en la Corte Suprema.

En sus argumentos presentados en abril ante la Corte Suprema, el gobierno de Trump afirmó que los beneficios de obtener datos de ciudadanía más precisos compensan cualquier daño derivado de la probable respuesta al censo por parte de grupos minoritarios y no ciudadanos.

Se espera que la Corte Suprema emita una decisión final antes de que concluya el mandato del tribunal a fines de junio. Mientras, el  Juez Jesse M. Furman, de la Corte de Distrito de los Estados Unidos en Manhattan, fijó una audiencia sobre el tema para el miércoles.

Dieciocho estados, ciudades importantes y organizaciones de derechos de los inmigrantes advirtieron que agregar la pregunta de ciudadanía causaría un recuento de la población que perjudica de manera desproporcionada a las comunidades con nutridas poblaciones de inmigrantes.