ATLANTA. -"Es un castigo por ser pobre", dice la abogada de inmigración en Atlanta, Iliana Dobrev, en referencia a las intenciones de la administración Trump para negar residencias y ciertas visas a inmigrantes.

En ese tema, tres tribunales federales el viernes bloquearon una amplia regulación que habría hecho más fácil para la administración Trump rechazar las solicitudes de "tarjeta verde" y visa presentadas por inmigrantes de bajos ingresos que el gobierno determina que son o podrían convertirse en una carga para Estados Unidos y sus contribuyentes.

El juez George Daniels, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Manhattan, emitió una medida cautelar preliminar a nivel nacional que prohibía a la administración hacer cumplir la llamada regla de "cargo público" pocos días antes de que se iniciara el martes.

Un juez federal en el estado de Washington también bloqueó la regulación en todo el país, mientras que un juez de un tercer tribunal de distrito en San Francisco dijo que la administración no podía hacer cumplir la regla dentro de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.

Las decisiones representan otra derrota en la corte para la Casa Blanca y su campaña concertada para reformar dramáticamente el sistema de inmigración legal de la nación. También representan un gran triunfo legal para una coalición de grupos de defensa y estados, condados y ciudades liderados por demócratas que desafiaron el gobierno a través de casi una docena de demandas en tribunales federales de todo el país.

Daniels en su desición dijo que el gobierno no supo explicar adecuadamente por qué estaba cambiando la definición de "cargo público" o por qué se necesitaba el cambio. "La Regla es simplemente una nueva política de exclusión de la agencia en busca de una justificación", escribió en su fallo. "Es en detrimento para alcanzar el sueño americano de la oportunidad a la prosperidad y el éxito a través del trabajo duro y la movilidad hacia arriba. "

La controvertida regulación daría a los trabajadores de casos de inmigración aún más margen de maniobra para denegar las solicitudes de "tarjetas verdes" y visas presentadas por inmigrantes legales que utilizan ciertos beneficios del gobierno o que las autoridades determinan se basarán en programas de bienestar en el futuro.

Bajo la nueva regulación, los agentes de los casos considerarían la inscripción en el Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP, por sus siglas en Inglés) ampliamente utilizado, ciertos beneficios de Medicaid financiados por el gobierno y una variedad de formas de vivienda subsidiada por el gobierno, como un "cargo público" y negarían la solicitud si determinan que es más probable que no utilice uno de los beneficios considerados durante 12 meses o más en el lapso de tres años.

Iliana Dobrev dijo a Telemundo Atlanta que también sería importante para los agentes que llevan los casos tomar en cuenta la edad de las personas que superan los 55 años de edad, "ya que las personas mayores al no trabajar por su edad, ellos pueden considerar que se van a convertir en una carga pública".