LAWRENCEVILLE (Telemundo Atlanta).- Por diez años consecutivos el condado de Gwinnett ha trabajado en conjunto con autoridades migratorias en su centro correccional y el alguacil Butch Conway renovará este contrato pese a la oposición por parte de miembros de la comunidad.

Cerca de una decena de integrantes de las organizaciones ICE out of Gwinnett, Asian Americans Advancing Justice Atlanta y de la Asociación de Funcionarios Latinos Electos de Georgia (GALEO, por sus siglas en inglés) se dieron cita el martes en una asamblea de la Junta de Comisionados de Gwinnett. Como protocolo la reunión concluyó con una sesión abierta para el público.

"Estamos pidiendo a los comisionados que no le den el dinero al Sheriff", dijo Anthony Pacheco quien se expresó ante cuatro de los cinco comisionados, Tommy Hunter no asistió a la junta. El organismo supervisa y asigna fondos en el condado, incluyendo a la oficina del alguacil.

Pacheco agregó que aunque los comisionados no tienen la potestad de intervenir en la decisión del alguacil, el grupo busca influir a la junta a limitar la asignación de fondos en el futuro a la Oficina del Alguacil. Esta es la segunda ocasión que los integrantes hacen este llamado en la vista pública de los comisionados. 

Los activistas al igual que otros opositores alegan que el programa ha sembrado temor en la comunidad y ha afectado negativamente su relación con las autoridades del orden público.

Shannon Volkodav, porta voz del alguacil dijo a Telemundo Atlanta via llamada telefónica que el programa se implementa solamente una vez el recluso está tras las rejas y que no hay por qué temer contactar a las autoridades de ser víctimas o testigos de algún crimen.

Los integrantes continuarán presentándose en estas juntas en lo que queda de mes e invitan a la comunidad a que se unan a este llamado.

El programa cuenta con el apoyo de Trump

El programa 287(g) permite a través de un adiestramiento especial de cinco semanas a que ciertos oficiales del orden público realicen tareas como oficiales de inmigración. Esto se implementa dentro de las correccionales una vez el custodiado sea procesado. Es entonces cuando se inicia una serie de investigación para determinar si el recluso está legalmente en el país.

A principio de su mandato en el 2017 el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva  para "mejorar la seguridad pública" y entre las cláusulas exigía al Departamento de Seguridad Nacional a que aumentara el número de sus contratos con agencias locales.

Seis meses después de la orden ejecutiva se habían sumado 24 acuerdos con un total de 60 memorándums vigentes para ese entonces. Hoy día hay un total de 80.

El contrato en Georgia

Gwinnett firmó por primera vez el memorándum con las autoridades migratorias en el 2009. El mismo se renueva cada tres años y el alguacil confirmó a otros medios locales que ha sido un éxito y que ha cumplido con el propósito de resguardar la seguridad en la comunidad.

Según el periódico The Atlanta Journal Constitution durante los últimos 10 años el condado ha interrogado a más de 52,000 reclusos sobre su estatus migratorio de lo cual 15,000 de ellos habían sido puesto bajo custodia de autoridades migratorias, como delínea el acuerdo.

Georgia actualmente cuenta con seis jurisdicciones partícipes: La Oficina del Alguacil de Cobb, Hall, Whitfield, Floyd y el Departamento Correccional del Estado. La semana pasada el condado de Bartow dio a conocer que dichas jurisdicciones paró de ser partícipe del acuerdo en marzo debido a asuntos de personal laboral.